El Observatorio Nacional Para la Protección del Consumidor advierte que, con la decisión de la Superintendencia de Electricidad, que anuncia el incremento de la factura a partir del primero de noviembre, se le da un duro golpe a los consumidores en medio de una galopante inflación que tiene al borde de la desesperación a amplios sectores de la población.
La SIE basa su decisión en el llamado Pacto Eléctrico, para el cual no se consultó el sector social y se pactó en violación al Decreto número 389-14 y al artículo 119 de la Ley número125-01 General de Electricidad, y al artículo 47 de la Constitución.
Onpeco recordó que el Decreto número 389-14 de fecha 23 de octubre de 2014, convocó a un Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico, donde estableció condiciones que nunca se cumplieron.
La decisión de la SIE afectará al 98,9% de los clientes de las tres distribuidoras eléctricas, razón por la cual cuatro (4) entidades de defensa de los consumidores elevaron un recurso de amparo de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo, reclamando la suspensión de los efectos de la resolución, hasta tanto se hiciera un estudio de tarifa, como manda la ley, que especifica que para subir la tarifa debe formularse un estudio de costo cada 4 años.
El recurso de amparo será conocido el 23 de noviembre, 22 días después de haberse producido el alza. La medida que comienza a aplicarse este primero de noviembre implica alzas cada tres meses, hasta el año 2026, pese a que se prometió que la tarifa eléctrica bajaría un 30% con el ingreso de la generadora de Punta Catalina.
Onpeco recordó que desde el pasado mes la población se está quejando del alza que refleja la tarifa, sin que se haya producido un alza de manera oficial y que en vez de alza debería ser hacia la baja, debido a que la matriz energética ha cambiado. Se ha reducido el uso del Fuel Oíl 2 y 6 por gas natural, más la ventaja y economía que se promovió con la entrada de Punta Catalina.
Si bien es cierto que la SIE está facultada para fijar la tarifa, no es menos cierto que fijarla hacia el alza sin ningún estudio previo, es una forma arbitraria e inconsecuente con los sectores más vulnerables, asumir esta potestad, sin tomar en cuenta factores que pueden variar los costos hacia la baja, como sería el ingreso de energía renovable que es más barata, y hasta la misma baja de los combustibles fósiles cuyo precio es alto ahora, pero que podría bajar oportunamente.
Lo más deplorable es que la base para el alza, que además será cada tres meses, es que no se consultó al sector social, por lo que ese Pacto es arbitrario, antidemocrático y violatorio de la ley que regula al sector.
Un pacto concebido entre el gobierno y los empresarios deja fuera a los más vulnerables, a la mayoría de los dominicanos, que en los actuales momentos atravesamos por una situación traumática con los precios de los alimentos casi inalcanzables.
Si bien fue atinada la actitud del Gobierno al no aplicar la reforma fiscal en estos momentos, es desatinada el alza de la tarifa eléctrica, justo cuando tenemos sectores donde todavía existen apagones no compensados como establece la Ley número 125-01.
Santo Domingo, D.N.
28 de octubre de 2021
