La defensa del agua como derecho humano, como bien público inalienable, como recurso renovable y estratégico para el país, merece la atención y defensa de todos los dominicanos y dominicanas que han asumido el compromiso de defender el patrimonio nacional para legarle a las futuras generaciones parte de lo que hemos disfrutado en el tiempo.
La ley de agua aprobada en el Senado de la República el 9 de junio del pasado año y que reposa en la Cámara de Diputados, contempla la concesión del recurso, lo cual es una forma velada de privatización y que, con la ley 47-20 que crea las llamadas Alianzas Público Privada, pone en peligro el recurso indispensable para todos los seres vivientes, que comprenden la fauna, la flora y la población humana de la isla.
La mencionada Ley 47-20 tiene como foco la privatización del agua, recurso que sufre el llamado estrés hídrico en el país, que es codiciado en el mundo, que se cotiza en la bolsa de valores de Nueva York y el bien que, por su escasez y amenaza en el planeta como consecuencia del cambio climático, es codiciado por los dueños del capital.
Desde hace más de 10 años la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el agua como un derecho humano, garante de otros derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la producción y a la dignidad.
Ante estas premisas, este colectivo, integrado por varias organizaciones, ha decidido asumir la defensa del agua desde todas sus vertientes, por ser un recurso natural de todos los dominicanos y que no debe ser enajenado ni concesionado bajo ningunas circunstancias.
Empero, entendemos que debe aprobarse una Ley de Agua que garantice el suministro, poniendo como centro el reconocimiento de que como derecho debe llegar a todos los hogares de manera frecuente, con calidad y a precio justo.
El agua como recurso natural debe ser protegido desde sus fuentes primarias para garantizar el derecho a la alimentación mediante el suministro justo y equitativo para la producción nacional, lo que implica el compromiso de todos para la protección de las cuencas hidrográficas, la cordillera central, los humedales, las aguas subterráneas y todos los espacios de agua dulce, como el principal tesoro de los dominicanos.
Entendemos que la alianza para la defensa del agua debe partir de las propias comunidades, donde los gobiernos locales asuman su rol y que el gobierno central otorgue el apoyo y la autonomía necesaria para quelas localidades, distritos y municipios, como representantes del Estado junto a sus pobladores, sean los impulsores de la defensa del bien público que es y representa el agua, que no debe ser enajenado ni administrado por sectores privados.
Como el agua vale más que el oro, entendemos que la administración del Estado debe revisar todos los contratos con las empresas mineras, porque el patrimonio de todos no debe estar por encima de un contrato, cuyas cláusulas se firmaron sin el conocimiento y el consentimiento de los sectores afectados.
En ese tenor, para que NO SE SIGA COMPROMETIENDO EL PATRIMONIO ACUÍFERO del país, nos oponemos a la presa de Cola que pretende la empresa Barrick Gold en la comunidad de Cuance, en Monte Plata, y que se revisen los proyectos de presas donde pueden ser afectado los entornos y los pocos bosques vírgenes que quedan en la isla, y se prioricen proyectos de acopio o reservorios de las aguas en las zonas de amplia pluviometría, como Hato Mayor, el Seibo, Sabana de la Mar, Samaná y otras zonas donde no existen presas ni posibilidad de almacenar el agua, la cual se pierde cada año en los periodos de lluvia.
ONPECO se solidariza con este documento.
