FUNDECOM nota de prensa proponiendo convertir seguridad social en pública.

FUNDECOM cuestiona que la licitación pública organizada por el INTRANT para operar corredor de la Abraham Lincoln se haga por 21 años.

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La Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM), consideró llegado el momento de analizar con seriedad la necesidad de que el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), retorne a u origen público, ya que es la forma más idónea de devolver a la sociedad dominicana servicios de salud eficientes y a precios justos y planes de pensiones que garanticen montos a los cotizantes que les permiten vivir su vejez con dignidad.

La organización de defensa de los derechos de consumidores y usuarios dijo que los beneficios que obtienen las administradoras de riesgos de salud, las conocidas ARS y las administradoras de fondos de pensiones (AFP), son una exageración, mientras el afiliado tiene que desembolsar montos fabulosos vía los denominados co-pagos que se hacen a médicos, laboratorios, comisiones duplicadas a las  AFP y sin contar con verdaderos planes de inversión, todo lo cual sumado a las trabas que impone el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), en el que para aprobar cualquier resolución que beneficie a los afiliados al sistema se convierte en una odisea.

FUNDECOM recordó que el origen de la seguridad social, que se produjo en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, es netamente público y así se instauró ese sistema en otros países de Europa, saltando a América Latina, África y otros continentes con niveles de desarrollo muy desiguales, se coló el sector privado que impuso sus objetivos pecuniarios y convirtió los planes de pensiones en una caricatura llamada capitalización individual, método mediante el cual solo se le devolverá al afiliado lo que haya cotizado más los beneficios y si el plan se queda sin fondos, así parará con los beneficiarios de esa barbaridad.

FUNDECOM concluyó llamando a los legisladores que integran ambas cámaras legislativas para que ponderen con seriedad un cambio radical de rumbo en el destino de la seguridad social, convirtiéndolo gradualmente en público en un período de no más de cinco (5) años.

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