El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO), pidió a la Superintendencia de Electricidad admitir todos los reclamos de las familias, negocios y personas que hayan recibido alzas desmedidas en la facturación de julio, para que en base a una ponderación profesional se determine las razones del incremento en los casos cuestionados cuya revisión ha sido solicitada, y cobrar el precio justo en base al historial de consumo de la vivienda o el negocio afectado por una facturación irregular, en los que los cobros hayan sido duplicados o triplicados como han denunciado muchos consumidores.
ONPECO recordó que el ente regulador debe reconocer el <derecho al reclamo> que tienen los consumidores, expresado en la Ley número 358-05, y la propia Constitución de la Republica que reconoce el derecho de los ciudadanos a ser resarcidos si son afectados sus intereses económicos.
Con esta sugerencia se puede resarcir el daño causado por la facturación del mes de julio, dado que las próximas alzas quedarán sin efecto, debido a la disposición del presidente de la República de dejar sin efecto las alzas programadas hasta tanto permanezca la amenaza de la guerra entre Rusia y Ucrania, y los demás factores que han desatado la inflación por la que atraviesa el país y el mundo.
La entidad de defensa de los consumidores reveló que numerosas personas han denunciado que no le ha sido admitidas las reclamaciones ante las EDES, en algunos casos en casa de familia donde históricamente el consumo fluctuaba entre cinco y seis mil pesos, pero ahora en julio le ha llegado de 30 y hasta 32 mil pesos, lo que es una exageración.
La organización de protección a los consumidores recordó que hace una semana pidió transparencia en la facturación, debido a las irregularidades denunciada por los consumidores de energía, en el sentido de que no cobran por consumo medido, sino por estimado, y eso no es justo.
Los entes reguladores son figuras surgidas en los procesos de privatización de los servicios, y tienen como objeto garantizar la seguridad del servicio, la seguridad jurídica de los inversionistas y la protección de los más vulnerables del mercado, los consumidores, quienes tienen desventajas frente a los proveedores debido a la asimetría de la información.
El regulador es el representante del Estado que debe actuar como una especie de árbitro, pero siempre con la mirada hacia la protección de los consumidores vulnerables, a quienes tienen la obligación de proteger, conforme a los preceptos constitucionales.
Con respecto al Pacto eléctrico ONPECO recordó que carece de legitimidad toda vez que no fue refrendado por el sector social ni siquiera por la universidad del Estado. El sector social representa más del 60 por ciento de la población, está debidamente organizado, pero fue ignorado a la hora de la firma del pacto.
Una revisión a todos los periódicos del 25 de febrero del año pasado evidenció que todos los titulares decían: “se firma Pacto eléctrico con la ausencia del sector social”. Sin embargo, las autoridades afirman que fue debidamente consensuado con todos los sectores.
El pacto debe ser revisado, teniendo en consideración que no debe estar por encima de le Ley y que la democracia se ejerce de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, y más en una población con altos niveles de carencias, de pobreza y pobreza extrema.
Finalmente, ONPECO saluda la decisión del presidente de la República, de dejar sin efecto la aplicación del incremento de la tarifa y la promesa de revisar el Pacto eléctrico.
