El Observatorio Nacional Para la Protección del Consumidor (ONPECO), condena el atropello al Defensor del Pueblo y a los periodistas que le acompañaron al canódromo, por considerarlo como un atentado a la Constitución y a las libertades, por tratarse de una figura protegida constitucionalmente como representante de los intereses de los ciudadanos.
También calificó como una retranca para la democracia el atropello a la libertad del ejercicio periodístico, al confiscar y destruir material informativo, lo cual viola el derecho a la información, una de las libertades conquistadas después de la dictadura.
ONPECO entiende que los responsables de los atropellos deben ser castigados de manera ejemplar porque las instituciones como el Defensor del Pueblo y el ejercicio de la libertad de prensa forman parte de los instrumentos de la conformación del Estado de Derecho asumido en la Constitución del 2010.
ONPECO considera que ante la afrenta debe haber serias consecuencias para evitar que nuevamente se produzcan hechos como el acontecido, cuando el Defensor del Pueblo que está revestido de poder, intervenga instancias donde se ha denunciado atropellos y violaciones de los derechos de los ciudadanos.
Igualmente, la entidad defensora de los consumidores entiende que borrar grabaciones y contenido del trabajo periodístico constituye un delito muy grave, por lo que sus autores deben recibir el castigo que la ley establece y sentar un precedente para que no se repitan hechos de esa naturaleza.
Las imágenes y la prepotencia exhibida por el personal del canódromo hicieron revivir etapas superadas en la sociedad dominicana, por lo que es prudente una revisión del comportamiento de los servidores que pagan los dominicanos para recibir un buen servicio y no un atropello.
Hace bastante tiempo, desde la administración anterior existen quejas de miles de motoristas a quienes se les incautaban los motores y debían pagar para lograr su devolución. Esta mala práctica quedó descubierta ante los miles de denuncias recibidas en la Defensoría del Pueblo, quien utilizando la investidura para la que fue electo, procedió conforme a como le manda la Constitución: proteger los derechos de los ciudadanos.
ONPECO considera que los agentes de la Policía deben ser entrenados en las nuevas leyes que rigen en el país, y que también refresquen todo lo relacionado con los derechos de los ciudadanos para que estos sean debidamente respetados.
Unos 15 mil ciudadanos han sido afectados con la retención de sus vehículos, por lo que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), debe organizar un rápido operativo para que les sean devueltos los vehículos a sus legítimos propietarios, y despejar no solo las dudas, sino los espacios de almacenamiento como el Canódromo, que debería ser desmantelado cuanto antes.
ONPECO se solidariza con el Defensor del Pueblo y condena el atropello a la libertad de prensa. Llama a las autoridades a dar un buen ejemplo para evitar que se repitan actos como los ocurridos la mañana del lunes 11 de abril del presente año.
