Deuda social, derecho a la dignidad y a la Salud

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A las seis de la mañana, Juan Isidro ya se encontraba en el hospital, porque ese día le habían asignado una cita para tratar un problema de salud.

Pasadas las dos de la tarde, se acercó al consultorio para rogar a los médicos que lo atendieran, puesto que sufría de diabetes y hasta esa hora no había ingerido ningún alimento. No se movía del lugar para no perder su turno.

El salón de espera es amplio, pero la cantidad de personas supera la capacidad del lugar, al igual que la de las sillas para sentarse. Incluso los muros resultan insuficientes para apoyarse y mitigar el cansancio que produce estar de pie durante más de cuatro horas esperando turno.

Conocía, por las informaciones publicadas en los medios y en las redes, así como por los estudios publicados por la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), la precariedad de los servicios en los hospitales públicos, pero vivir la experiencia de hacer fila, es conocer el suplicio y sufrimiento al que se somete la mayoría de la población, cuya única opción es acudir a un hospital público.

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Esperar turno durante más de cuatro horas es un lapso extenso. Lo peor es que, aunque asignan citas para una hora determinada, siempre atienden por orden de llegada en todos los hospitales, incluso los más especializados.

Con más de 33 grados centígrados de temperatura, una aglomeración incontrolada de personas en busca de salud se convierte en una especie de tortura. Esto es lo que sufre la mayoría en este país, donde los indicadores macroeconómicos nos presentan con una economía pujante.

Lo más importante para un ser humano es la salud. No hay nada como estar sano y, cuando tenemos dolencias, acudimos al médico. Sin embargo, la compasión abandonó el sistema público hace muchos años y la persona de escasos recursos simplemente está sometida al doble dolor si no tiene un «enllave» en un hospital, a pesar de estar protegido por el régimen subsidiado que paga el Estado.

Más de la mitad de la población debe acudir a los hospitales públicos, que son los centros donde aceptan el seguro subsidiado de SENASA, el cual cubre una población de casi seis millones de habitantes según datos de 2022-.

El sistema cuenta con 21,845 médicos, incluyendo especialistas y pasantes. Esto implica que a cada médico le corresponderían 263 pacientes y una proporción cercana a 88 familias. En Cuba, hay un médico por cada 7 familias.

La salud es un derecho fundamental, protegido por la Constitución, y además es una deuda social. Su pago ha sido la inclusión en el SENASA, pero con servicios extremadamente precarios, cuyos recintos en la mayoría de los casos, son centros donde se viola el derecho a la dignidad de las personas.

Son centros con aglomeraciones, poca higiene, horas de desesperanza y depósitos de enfermos en espera de la muerte. Esto debe cambiar. Debe haber un sistema de gestión diferente.

A veces no se trata solo de la falta de recursos, -la inversión en salud es de solo 2.0 del PIB, una de las más bajas de la región- también es la falta de solidaridad, de liderazgo y compromiso con un sistema de salud que ponga en el centro la meta de saldar la deuda social del país.

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