Por Altagracia Paulino
Con los cambios de gobiernos los encargados de regular los servicios públicos domiciliarios también son removidos de los lugares que ocupaban. En nuestro caso, en su mayoría se quedaron los 8 años del gobierno saliente y los usuarios de los servicios que debían regular nos mal acostumbramos a abandonar los reclamos, a los que todos tenemos derecho, porque no nos hacen caso.
Desde que se dio inicio al achicamiento del Estado, acción que iniciaron Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Teacher en Inglaterra, en el año 1979, el mundo dio un gran giro que implicó la preponderancia del sector privado como mejor administrador que el Estado, movimiento que tomó fuerza hasta convertir al mundo en el mercado global que conocemos.
Como consecuencia del descredito del Estado como mal administrador, se produjo el convencimiento de que el mismo no podía manejar empresas y los estados dieron en concesión al sector privado la administración de los servicios públicos domiciliarios en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.
Es así como surgen empresas privadas que sirven los servicios públicos como el agua y saneamiento, energía eléctrica, la telefonía, el transporte, y en muchos países el gas de cocinar.
Antes de la privatización, estos servicios eran servidos por la administración pública a la cual solo se le permitió crear los llamados entes reguladores, que son organismos autárquicos, es decir, son entidades autosuficientes que generan credibilidad por su capacidad técnica y su independencia y conocimientos suficientes para controlar el funcionamiento de las empresas prestadoras de estos servicios.
El ente regulador es pagado por el Estado porque, como mediador entre el proveedor y el usuario, es la forma que se le ha permitido participar a los estados en el interés del cumplimiento de la función protectora de la administración frente a sus ciudadanos.
La principal función del regulador es garantizar la calidad en los servicios públicos, fijar las tarifas y controlar la correcta provisión de los mismos. Normalmente el regulador es bien pagado para que no incline su accionar hacia el lado del regulado.
Una de las experiencias negativas con los entes reguladores es la dependencia económica del regulado, entiende que en la economía de mercado debe proteger más al prestador que al consumidor y usuario de los servicios, lo cual genera un conflicto de intereses.
El regulador debe intervenir en los conflictos que se presenten entre los consumidores y los prestadores, cosa que ha brillado por su ausencia cuando los consumidores del servicio de energía que le sobrefacturaron marzo y abril por cobrar en base al promedio y no al consumido, el ente regulador, la Superintendencia de Electricidad no dijo nada ante los millones de reclamos de los ciudadanos.
Es por esta razón que queremos refrescar a los reguladores, que deben hacer su trabajo conforme a la ley. Debe existir en estos órganos una representación de los consumidores, no un empleado público nombrado por el Presidente para que haga las veces de representante de los usuarios y que solo se representa a él mismo, como ocurre en varias instituciones reguladoras.
