ONPECO aboga por una ley de insolvencia familiar que devuelva la dignidad y la posibilidad de recuperarse a las personas deudoras mediante la renegociación

ONPECO aboga por una ley de insolvencia familiar que devuelva la dignidad y la posibilidad de recuperarse a las personas deudoras mediante la renegociación

ONPECO aboga por una ley de insolvencia familiar que devuelva la dignidad y la posibilidad de recuperarse a las personas deudoras mediante la renegociación

La pandemia ha dejado a miles de familias sin ingresos. el desempleo ronda a más del 30 por ciento de la población después de la COVID-19 y por casos de enfermedades de alto costo.

El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) entregó a la presidencia del Senado de la República, en manos de su presidente Eduardo Estrella, una propuesta de ley de insolvencia familiar y personal que devuelva la dignidad a las personas deudoras que han sido afectadas, en estos momentos, como consecuencia de la pandemia y en otros casos por la pérdida de empleo o enfermedad de alto costo, además de otras circunstancias de fuerza mayor.

La iniciativa parte de que más del 30 por ciento de la población ha quedado sin empleo, por lo que muchos de los proveedores de los hogares han quedado sin ingresos y que la clase media, media baja y los pobres, adquieren bienes y servicios mediante el sistema de crédito, el cual es asumido de buena fe, y que por causa fortuita ha quedado imposibilitado de hacer frente a sus acreencias, por la que merecen una oportunidad para renegociar sus deudas hasta tanto se vuelva a recuperar.

La propuesta de ley está contenida en un anteproyecto entregado por ONPECO a Estrella, como presidente del Senado, el cual tiene como objetivo que mediante un nuevo marco jurídico se proteja a las familias y a las personas que se hayan endeudado de buena fe y que por causa de la pandemia o de fuerza mayor hayan quedado en estado de insolvencia para hacer frente a sus acreencias.

La propuesta pretende que las partes deudoras y acreedoras se puedan sentar en una mesa de negociación, en una situación de equilibrio, amparadas por la ley, y que mediante un marco administrativo y legal que provean los poderes públicos, puedan renegociar sus deudas.

La entidad de defensa de los consumidores indica que con este marco jurídico se otorga la oportunidad de que la persona deudora pueda mantener su crédito y posibilidades de continuar su desempeño económico, mientras repara sus deudas.

Las microempresas (pequeños emprendimientos), que en su mayoría son manejadas por una persona, que trabaja sola, desempeñando todas las funciones, incluso coordinando otros servicios complementarios, también deben ser contempladas como beneficiarias de una Ley de Insolvencia Familiar y Personal como se contempla en el anteproyecto entregado a la presidencia del Senado de la República este lunes 16 de noviembre de 2020.

ONPECO recordó que, en la presente crisis sanitaria, muchos pequeños negocios se fueron a la quiebra, incluso solo por la sobrefacturación de la energía, que, aunque permanecieron cerrados en los primeros meses de la pandemia, recibieron facturas con cargos nunca vistos.

La propuesta de Ley establece que la renegociación de la deuda tiene un límite de dos años, tiempo en que la persona deudora deberá reponerse y reasumir su compromiso y deuda contraída.

La propuesta también establece la creación de un fondo solidario que debería manejar la Superintendencia de Bancos para auxiliar a la parte más vulnerables, previa evaluación de su situación entre el deudor y el acreedor. Sería el Fondo de Solidaridad para Resolución de Insolvencias por causas de fuerza mayor (pérdida de empleo, enfermedad de alto costo, fallecimientos, divorcios, entre otras).

Este fondo se alimentará de los saldos de las cuentas abandonadas por sus titulares, las cuales administra el Banco Central, conforme a lo que establece el Código Monetario y Financiero de la Republica Dominicana; del Fondo de Solidaridad Social y de los fondos de pensiones no cobrados por los sobrevivientes del Sistema Dominicano de la Seguridad Social.

La primera instancia para la renegociación de las deudas será el Instituto Nacional para la Protección de los Derechos del Consumidor, Pro-Consumidor, cuya Ley número 358-05, en su artículo 55 establece mecanismos para la renegociación de las deudas entre acreedores y consumidores.

Recordamos que, según la CEPAL, nuestra región tendrá un retroceso en el desarrollo humano de unos 15 años y la causa mayor será el desempleo y la pobreza en que caerán muchas familias y las deudas será una razón adicional.

ONPECO espera que los congresistas acojan esta propuesta motivada como una forma de contribuir, en este momento, con el sosiego de las familias afectadas por la crisis sanitaria y con la paz social que se ve afectada por el aumento del desempleo y otras variables de la economía. También, por situaciones particulares de fuerza mayor, de las familias y personas.

Si contribuimos con aligerar la carga a familias que nunca habían estado en situación de insolvencia, contribuiremos con elevar su dignidad y no lanzarlas a la indigencia y a la extrema pobreza.

Santo Domingo, D.N., República Dominicana

16 de noviembre de 2020