El gobierno debe acogerse a las medidas de salvaguarda agrícola especial (SAE) previstas en el Dr-Cafta, para evitar la quiebra masiva de los productores de arroz y que queden sin empleos millares de dominicanos en todo el país.
La Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM), llamó al Gobierno a acogerse a las Medidas de Salvaguardia Agrícola (MSA) previstas en el Tratado de Libre Comercio o DR-CAFTA, suscrito con los países de Centroamérica y Estados Unidos de Norteamérica, a fin de recurrir a las medidas de salvaguarda que eviten la quiebra del sector arrocero dominicano y un desempleo masivo en las principales regiones productoras de arroz, como La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Mao, San Juan de la Maguana y Monte Cristi.
FUNDECOM cree que constituyó un desatino firmar el DR-CAFTA, a sabiendas de que no se tomarían las medidas oportunas para prepararnos frente a la apertura de mercados que vendría en sectores en los que como la producción de arroz y otros productos agrícolas, no hicimos las inversiones necesarias en eficiencia y tecnología que nos permitieran salir airosos frente a la competencia regional.
La organización de defensa de los derechos de consumidores y usuarios considera que al tiempo que se promueva acogerse a las medidas de salvaguarda, las autoridades públicas deben designar una Comisión Técnica, que está prevista en la Ley 79, de fecha 28 de noviembre de 1974, sobre congelación de precios, que establezca el costo real de producción, para que busquen la forma de reducir los costos de producción del arroz, limitar la intermediación que encarece de manera determinante el precio del cereal, el cual forma parte de la dieta dominicana; y que los aranceles aduaneros superiores a los que se apliquen como consecuencia del Programa de Desgravación Arancelaria del DR-CAFTA, siempre que exceda el tope de activación establecido para la importación de arroz.
FUNDECOM recordó que el arroz, junto al plátano, constituye el principal ingrediente de la dieta del dominicano, por lo que hay que preservar ese sector productivo, protegiéndolo de las importaciones que muchas veces sacan del mercado el producto nacional en base a precios reducidos de manera artificial, para luego imponer precios abusivos que terminan perjudicando al consumidor y destruyen un sector económico indispensable para fomentar el empleo en el sector agrícola.
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 23 días del mes de noviembre de 2020.
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