Tal vez la expresión <congelar precios> suene desfasada, pero, así como el superior Gobierno tiene la potestad de imponer regulaciones para contener el contagio por coronavirus, las cuales les han sido concedidas por el Congreso Nacional, también podría añadir al estado de emergencia, cierto nivel de regulación para, al menos, <estabilizar> por algún tiempo los precios de los alimentos básicos y los medicamentos.
La medida sugerida puede implementarse con una alianza o pacto entre los proveedores y la administración del Estado, de tal manera que todos ganen y no haya exclusión en el suministro de productos alimenticios tan básicos como las fuentes de proteínas más accesible a los consumidores, como son el pollo y los huevos.
Sabemos que no existen controles de precios en la economía abierta, pero donde no existe libre competencia, el consumidor es perjudicado y en la entrada del presente año se advierten alzas preocupantes en el precio de los alimentos.
Solo se escucha el griterío de las amas de casas y consumidores en general a la hora de pagar en los supermercados, y ni se diga de los colmados.
El programa “Canasta Segura” asumida con la venta de pollo y otros productos, a través del INESPRE, es una buena medida, porque llega a los sectores más vulnerables, pero el alza de los alimentos también afecta a los sectores medios, donde el precio de una libra de pollo ronda los 75 pesos y una familia necesita desde tres libras en adelante para cubrir los requerimientos nutricionales diarios.
Hay que advertir que la pandemia trajo consigo el cierre de pequeñas, mediana y micro empresas, y con ella, la perdida de salarios de una buena proporción de dominicanos, sobre todo, de los que percibían los salarios más bajos situándose en el 56 por ciento, según datos cuantificados hasta agosto del año pasado, por la Tesorería de la Seguridad Social, equivalente a más de 280 mil empleos formales, los cuales presentan un cuadro preocupante si se agregan los empleos informales que han desaparecido. La suma podría hasta triplicar la cifra de desempleados.
En enero, muchas de las pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar y otras se mantuvieron abiertas gracias a los programas de ayuda que ha sostenido el Gobierno, pero no ha podido continuar con todos, por la baja casi absoluta en sus actividades productivas.
El momento es propicio para una convocatoria de todos para afrontar la situación que afecta grandemente a los que carecen de ingresos y a los que han recibido mermas en los mismos, como cuando uno de los miembros de la familia ha quedado sin empleo, por las pérdidas generadas a causa de la crisis sanitaria, que no es solo de nuestro país.
Muchos países de la región asumieron la congelación del precio de productos básicos y de servicios desde el inicio de la pandemia el año pasado para garantizar el suministro a los consumidores.
En momentos como estos aparece en el mercado el afán de lucro por encima de la solidaridad y es deber de la administración pública proteger de esos males a los ciudadanos, por lo que entiende ONPECO que, la canasta familiar básica sea protegida igual que los medicamentos más utilizados por la población.
Santo Domingo, D. N.
29 de enero de 2021
